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Educación en Colombia, Evolución y reinvención

Educación en Colombia, Evolución y reinvención

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julio 22, 2020 10:03 am

Por: Luis Eduardo Forero Medina

De acuerdo al artículo 67 de la Constitución Nacional la educación es un servicio público y un derecho, garantizándola a un año de preescolar, cinco años de primaria y cuatro de secundaria; sin embargo aunque en las últimas décadas se han presentado significativos cambios, el país està lejos de considerarse el país mejor educado de América Latina por falta de la universalización, “altos niveles de desigualdad y un bajo nivel de calidad” (Min educación); aunque su presupuesto de 44,1 billones en 2020, es el mayor respecto al presupuesto total.

Una apretada síntesis de la historia de la educación en Colombia da cuenta que en la década de los cincuenta del siglo XX la tasa de analfabetismo se situaba en el 44% de la población mayor de siete años y la cobertura en primaria alcanzaba el 46.3% de los niños entre siete y once años. En los sesenta el Estado destina mayores recursos para ese rubro; en 1957 se crea el SENA (El Servicio Nacional de Aprendizaje) y los INEM (Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada), los Fondos Educativos Regionales (FER) y con la reforma constitucional de 1968 se estableció el situado fiscal como un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, destinado a los departamentos y distritos para financiar la educación y la salud; redistribuyéndolos a los municipios en el primer caso. En la década de los setenta, cuando los políticos intervenían en el nombramiento de los maestros, las escuelas funcionaban en locales muchas veces construidos por la comunidad y la deserción escolar y el ausentismo fueron las características propias del sistema educativo. Al final de la década se expide un Estatuto Docente mediante el Decreto 2277 de 1979; cuyo escalafón establecido continúa vigente para aquellos educadores que ingresaron a la carrera antes de la promulgación del estatuto. Entre mediados de la década de los setenta hasta 1987, la centralización era el sello del sistema educativo colombiano. En los años 80, se crea el Programa de Universidad Abierta y a Distancia, para aumentar la cobertura en educación superior. Igualmente se crearon los FER (Fondos Educativos Regionales) que dieron mucho de hablar por los supuestos canjes de salarios; horas extras para funcionarios administrativos sin haberlas laborado; profesores en comisión cobraban salarios, o maestros que no regresaban de vacaciones pero que seguían dentro de la nómina (EL TIEMPO 1993). Es a finales de ese decenio a través de la Ley 29 de 1989, cuando se otorga a los alcaldes la facultad de nombramiento y supervisión del personal educativo, y al gobierno nacional la función de pago de los salarios. En los noventa, la Constitución de 1991 y la Ley 60 de 1993 introdujeron un nuevo marco legal para el situado fiscal, y a principios de 1994 se promulgó la Ley 115 -Ley General de Educación-, que concedió autonomía administrativa a las instituciones educativas. En esa época los departamentos y municipios administran totalmente el sector educativo en primaria y secundaria. En el siglo XXI, el Acto Legislativo 01 de 2001 agrupó en una sola cuenta las transferencias, bajo la denominación de “Sistema General de Participaciones” (SGP), disponiendo que las transferencias para educación deberían distribuirse entre departamentos, municipios y distritos, con base en criterios de población atendida, y población por atender en condiciones de eficiencia y equidad; el Decreto 1278 de 2002 expidió un nuevo estatuto de profesionalización docente, que en opinión de los expertos amenaza la estabilidad laboral de directivos y docentes por evaluaciones periódicas a que son sometidos. El Decreto 1850 de 2002 incrementa la duración de la hora efectiva a 60 minutos. Anteriormente los derechos de carrera docente se lograban con el nombramiento y la previa realización del concurso de méritos.


Son diversas las frustraciones del sector como la falta de pago de las deudas de pensiones acumuladas, la falta de recursos económicos necesarios del Fondo solidario para la educación –FSE-, creado para el pago de pensiones de jardines y colegios privados con motivo del coronavirus y “que pone contra las cuerdas también a los establecimientos educativos privados. Muchos de los cuales se encuentran ya, a punto de un cierre definitivo” (FECODE); el incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos con FECODE, especialmente la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para su crecimiento real y progresivo ; la sobrecarga de los educadores con rendición de informes y asistencia a reuniones, muchas veces improductivas; la falta de conectividad a internet en los establecimientos públicos, colocando en apuros a estudiantes de bajo recursos cuando no tienen dinero para recargar los celulares, aumentando la brecha entre estudiantes ricos y pobres. 858 mil niños tienen cinco años, solo 474 mil están matriculados en transición; 4.3 millones niños tienen entre 6 y 10 años, solo 3.5 millones están matriculados en primaria; 3.4 millones niños tienen entre 11 y 14 años, solo 2.4 millones están matriculados en secundaria. (DNP). El estudiantado tendrá que esperar hasta el año 2025 para que la jornada única sea implementada en todas las instituciones públicas de educación en zonas urbanas, y en el 2030 en todas las zonas rurales. Siguen en el tablero la reforma del Icetex para hacerlo más incluyente y las reformas pendientes a la educación superior.
@luforero4


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