Gremio transportador de carga, destino incierto

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febrero 18, 2016 7:31 am

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Los cuatro ejes sobre los que se centran las discusiones entre el gobierno y los transportadores terrestres de carga son la modificación del Decreto 173 de 2001, régimen sancionatorio y sobrepeso, Estatuto Aduanero y afiliación de independientes a la seguridad social integral.

Hasta el 11 de marzo, durante un mes, con la participación del Ministerio de Transporte, la Superintendencia del ramo y la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), se socializa en ocho ciudades las buenas prácticas en el sector, procurando involucrar los componentes de la cadena como generadores de carga, empresas y propietarios de vehículos. El 11 de febrero cuando comenzó la cruzada, el Ministerio de Transporte dictó una charla sobre Actualización Regulatoria del Transporte de Carga para 2016, modalidad de transporte que decreció en los últimos cuatro meses del año anterior en cuanto a las toneladas movilizadas, según Colfecar.

Aunque las diferencias se consideraban zanjadas desde el 19 de marzo pasado, fecha en la que se puso fin a 23 días de paro camionero, el gremio percibe que el gobierno le ha hecho conejo, por lo que después del 12 de marzo, aorillaría los equipos e interrumpiría las vías, como lo hizo en 2008, 2009, 2011, 2013 y 2015. La razón de los paros es recurrente, el del 2009 por el aparente incumplimiento de los acuerdos del 2008, y así sucesivamente. El gobierno continúa sin otorgar beneficios sociales para camioneros, como préstamos de vivienda y pensión que les prometió en 2015.

En lo referente a la modificación del Decreto 173 de 2001, la reforma se estudia por especialistas del Ministerio de Transporte, que en principio no pueden separarse de los documentos Conpes 3489 del 2007 y 3759 del 2013; luego al gremio le quedaría poco por aportar o proponer en esta materia. El régimen sancionatorio, pero sobre todo de vigilancia y monitoreo del gobierno a los camioneros, se mantendría y fortalecería. El nuevo Estatuto Aduanero, depende de la firma presidencial, y lo que si estaría muy adelantado es la afiliación de camioneros independientes a la seguridad social integral.

Fuera de lo anterior existen otros temas camioneros que serían abordados como el reajuste de peajes, del cual el gobierno se mantiene rígido, aunque dejaría de instalar más casetas. La congelación del precio de los combustibles y la modificación del sistema para fijar su precio, no van. En opinión de expertos, la fórmula matemática para fijar el precio de los combustibles, es aprobada por el Congreso de la República, y en lo que se debe enfatizar es en su calidad y en la rebaja del precio del ACPM.

Lo que sí se encuentra estático es la aspiración del país de contar con un parque automotor moderno, debido a que la chatarrización además de lenta y engorrosa, tiene embolatado un considerable dinero de los camioneros, y se frenó un proyecto de ley que consideraba que desde el 2.014, debían salir del servicio, los vehículos con más de treinta y cinco (35) años de vida. De acuerdo a la Unad, la infraestructura de transporte de carga se encuentra rezagada.
La libertad de tarifas es otro punto en los que chocan camioneros y Ministerio de Transporte, entidad que durante una década estudió la implementación del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga ( SICE-TAC). Esta herramienta les permite a los involucrados calcular los costos de la operación de transporte, y debajo de esas cifras no pueden facturar, aunque en la práctica se está dando por la sobreoferta y la app móvil uShip.

Los actores del sector nunca han remolcado a las generaciones de coteros que le ponen el hombro a la carga, trabajando sin tener derecho a prestaciones sociales ni pensión. En la cabina siguen los pequeños camioneros que son relegados al olvido, y los medianos y grandes que entre todos operan unos 400.000 vehículos, cuando deben regresar sin carga, demora en los pagos, “tiempos muertos”, excesiva tramitología, pago de peajes cuando transitan desocupados, los riesgos de los llamados paros armados, la piratería terrestre y el cierre o bloqueo de vías. En la báscula quedan los efectos del paro camionero, como la descomposición, desabastecimiento y carestía de alimentos de primera necesidad, fuera de las millonarias pérdidas de los camioneros.

Al medir el aceite al gremio, da un tono muy oscuro las acusaciones sobre presunto lavado de activos; los cientos de procesos contra empresas de transporte de carga, sin definir por la Fiscalía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Superpuertos ; las miles de “firmas” no habilitadas para mover mercancías; el cierre de la frontera con Venezuela que afecta a cientos de camioneros colombianos, y la presencia de camiones enfletados prestando servicio con placas extranjeras.

Analistas del sector consideran que la excesiva participación de entidades oficiales en el tema camionero, dificulta tomar decisiones prontas en beneficio de los camioneros. Transportes consulta a Hacienda, Ambiente, Trabajo, 2 superintendencias, Ecopetrol, DNP, INVIAS, ANI, DANE y la DIAN.

@luforero4