La ola de deuda mundial

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Suele estar ligada a las crisis financieras y en esta ocasión no es la excepción. Una breve revisión sobre el tema

Por: luis eduardo forero medina | diciembre 17, 2020

Espaciosa, rápida y abundante son las características que los especialistas dan a la deuda externa que actualmente registra la 4ª gran ola iniciada tras la crisis financiera de 2007-2009, y a las que desde los 70 del siglo pasado se viene acostumbrando la economía mundial; diferenciada la actual de las 3 anteriores, en que se suma la deuda pública y privada, y han llegado al escenario de prestamistas nuevos actores que por lo general no residen en el país acreedor.

Revisando la historia de las anteriores olas impetuosas de deuda externa en los países en desarrollo, se determina que el incremento de la misma se presenta simultáneamente con crisis financieras, que en últimas la población es la que sufre las consecuencias. “Se entiende por deuda externa bruta el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro los pagos del principal (capital), los intereses o ambos”, de acuerdo al Banco de la República.

Conforme a esa concepción, los habitantes en particular son los que asumen su pago, no el gobierno propiamente dicho, que funge como el administrador asemejado por los economistas a un panadero al que se le pide prepare una torta. Los consejos para ese “panadero” se resumen en gestión, transparencia y sostenibilidad para que con los intereses que hace aumentar la masa de la deuda, no provoque “indigestión” en los bolsillos desde el más chico hasta la más grande nación deudora. En el caso de Colombia, la deuda pública bruta, al cierre de 2019, ascendió a $607,29 billones (a USD 73.068,12 millones), una cifra récord que representa casi el 60% del PIB nacional. Muchas veces se afirma que no ha existido claridad en esos números.

La Contraloría General de la República es la entidad que por imperativo de la Carta Política le hace el seguimiento al endeudamiento público. Esta entidad afirma que: “El efecto del COVID-19 en los precios del petróleo, la tasa de cambio, las tasas de interés y el crecimiento de la economía colombiana en 2020 tienen una repercusión en la evolución de la deuda a PIB en el futuro y plantea un reto para la política fiscal. Las nuevas proyecciones de deuda a PIB distan mucho de lo que esperaba el MFMP19”.

La forma de desembolsar el dinero de parte de los bancos o acreedores privados y los fondos de cobertura e instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial, es a través de préstamos bancarios, créditos comerciales (de proveedores), títulos de deuda (bonos) y arrendamiento financiero (leasing). Los 10 prestatarios más grandes son Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, la Federación de Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía, según la publicación del Banco Mundial International Debt Statistics 2020; y los países más endeudados en América son Argentina, Brasil y Costa Rica; Colombia aparece con más del 47% del PIB en deuda pública externa, publicó la CEPAL. La deuda de las encuadradas como economías emergentes y en desarrollo es de USD 55 billones en 2018, indicó el Banco Mundial. En muchos países orientan preferentemente los recursos económicos a pagar la deuda externa, descuidando inversiones en procura de aliviar la pobreza extrema que viven millones de habitantes.

Entre las diversas formas de aliviar la carga que pesa sobre las economías nacionales con respecto al pago de la deuda pública, las propuestas se dirigen desde un borrón y cuenta nueva hasta peticiones de cancelación, ampliación del plazo y otros alivios que frecuentemente piden los países ahorcados por la magnitud de la deuda y sus intereses, la presión de los acreedores y el desprestigio que puede conllevar en las bolsas. En abril de este año el G20 (19 países de todos los continentes y la UE) acordó una suspensión temporal de los pagos de la deuda de 73 países. En Colombia, en los 80 del siglo pasado, grupos dedicados al tráfico de estupefacientes, a cambio de una amnistía, ofrecieron pagar la deuda pública, cosa que el presidente de turno no aceptó.