Los indígenas, a una década del Baguazo

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En Opinión Libre | Lunes 28 de enero del 2019 - 7:25

Después de la masacre de Bagua, la situación de la población nativa en el Perú, si no ha empeorado, tampoco ha mejorado.

Los pueblos indígenas desde la Colonia  se han visto enfrentados a la invasión de sus territorios sin su consentimiento, con el objeto de realizar actividades extractivas en  su perjuicio. Hace diez años un periódico capitalino tituló en primera página:

“Bagua: La Curva del Diablo se convirtió en un infierno”

De un momento a otro  centenares de indígenas que hacía más de dos meses permanecían defendiendo su territorio en la Amazonía peruana, fueron atacados a la madrugada  por tierra, aire y ríos, quedando un saldo final de más de tres decenas de muertos y centenares de heridos.

Transcurría el segundo gobierno de Alán García, y en esos días en el Congreso se debatía si se derogaban las leyes que demandaban las comunidades amazónicas,  según indicó el abogado Wilfredo Ardito Vega.

“Por lo general ningún plan de gobierno ha contemplado propuestas de interculturalidad en una nación donde precisamente esa es su característica.”

Después de siglos los fundos o terruños de los indígenas no se han legalizado, y los derechos de  mujeres y niñas indígenas no se respetan; sólo para mencionar dos puntos en los cuales Perú está obligado a obrar en virtud de Convenios Internacionales de obligatorio cumplimiento.

Hace cuatro décadas durante el gobierno militar,  se expidió La Ley de Comunidades Nativas, en vía  de reformarse íntegramente, porque de acuerdo a entendidos, esa política estatal fue concebida para dividir y seguir excluyendo a la población nativa.

Rigen más disposiciones legales en pro de los indígenas de la tierra Inca, muchas parecidas a la anterior, como la cuestionada cuota indígena que  ha permitido a  los partidos políticos llevar al Congreso de la República a personas que no son  originarios de esa población. Sólo a finales del año pasado se   conformó el “Grupo de Trabajo Sectorial sobre Pueblos Indígenas”, y  después de mucho tiempo, se expidió el decreto que protege contra abusos y ataques cometidos a los  7,000 peruanos y peruanas que  integran los PIACI (Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial ). Antes esa conductas quedaban sin castigar, a menos que lo hicieran miembros de los PIACI por molestarlos.

Anteriormente, en 2007  se constituyó el Grupo Parlamentario Indígena de Perú, integrado por quince (15) congresistas; sin embargo la Amazonía  que es donde se concentran los cincuenta y uno (51) pueblos indígenas u originarios de los cincuenta y cinco (55) que hay en Perú, no tiene representación en el Poder Legislativo. Estos pueblos, clasificados oficialmente como ‘pobre extremo’, hablan al menos  cuarenta y siete (47) lenguas indígenas, varias en amenaza de desaparecer; por lo que se promueve la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias (IPELI).

“El camino para la llegada de los indígenas al Congreso que por primera vez fue a finales del siglo XIX, no ha sido propiamente de color de rosa; primero porque en esa época fueron excluidos los candidatos indígenas por no saber leer ni escribir; después no han llegado los que son, y los verdaderos nativos no es que hayan sido tan bien recibidos.”

Hilaria Supa, mujer campesina y quechuahablante, en el seminario “Presencia indígena en el Parlamento, balance y perspectivas”, expuso su particular experiencia  “y los prejuicios  y discriminaciones que debió afrontar para hacer respetar su identidad”.

La niñez y adolescencia indígena igualmente siguen relegadas a la deriva; hasta diciembre del año pasado  los  11,114 estudiantes de ochenta y cuatro (84) instituciones educativas de secundaria ubicadas en pueblos indígenas de Amazonas y Loreto, los sábados y domingos no tenían desayuno, almuerzo ni comida; sólo a partir de este año se está implementado este servicio progresivamente.

Después de la masacre de Bagua, la situación  de la población nativa de el Perú, si no ha  empeorado, tampoco ha mejorado; lo que se deduce del informe de este país 2017-2018 de Amnistía Internacional, que señala que “Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado.” 

@luforero4